Las bajas laborales copan ya el 95% de los encargos de los detectives en Euskadi

Un 95% de la carga de trabajo

El despacho de detectives privados Besaide, con actividad en Euskadi, ha confirmado que la investigación de bajas laborales supone ya el 95% de sus contratos. Así lo recoge El Correo en una información publicada este domingo, en la que fuentes del sector subrayan que «cada vez más y más empresas están llamando para que investiguemos bajas laborales».

El dato refleja una tendencia al alza en los últimos años. Las compañías vascas han disparado sus encargos a estos profesionales con un objetivo claro: obtener pruebas que permitan justificar un despido disciplinario cuando el trabajador está de baja. La práctica consiste en verificar si la persona ausente realiza actividades incompatibles con su situación médica, como hacer esfuerzos físicos, realizar gestiones personales o incluso trabajar para otra empresa.

El auge de las detectives mujeres

En el sector, además, se observa un cambio sociológico. En la empresa Winterman destacan el incremento de mujeres detectives, una evolución que, apuntan, «suele despistar» a los investigados. La menor suspicacia que despiertan las profesionales facilita la labor de seguimiento y obtención de pruebas en casos de bajas laborales.

Esta realidad contrasta con la imagen tradicional de un sector mayoritariamente masculino. La incorporación femenina no solo amplía la cantera de profesionales, sino que introduce una ventaja operativa en un negocio donde la discreción y la capacidad de pasar desapercibido son esenciales.

Contexto: un recurso en expansión

El fenómeno no es exclusivo del País Vasco, pero adquiere especial relevancia en un tejido industrial donde la proporción de empleados en activo es elevada. La justificación de un despido disciplinario por fraude en la baja requiere pruebas sólidas, y los detectives privados se han convertido en el instrumento habitual para obtenerlas.

El informe de El Correo, firmado por Sergio Llamas desde Bilbao, subraya que la presión empresarial por controlar el absentismo ha crecido en paralelo al aumento de las cargas administrativas y los costes laborales. La práctica, sin embargo, no está exenta de controversia, ya que roza la frontera entre la protección de los intereses de la empresa y el derecho a la intimidad del trabajador.

La legalidad de estas investigaciones depende de que se ajusten a los límites marcados por la legislación, que permite la vigilancia de actividades externas siempre que no vulneren la dignidad ni la intimidad de la persona. Las empresas vascas, no obstante, parecen haber encontrado en esta vía un mecanismo eficaz para depurar plantillas con menos riesgo jurídico que otras fórmulas.