El Gobierno cierra las reglas de los centros de datos: moratoria de cinco años al 80% renovable a cambio de poder desconectarlos si peligra la red eléctrica
El Gobierno ha cerrado el marco regulatorio definitivo para el despliegue de centros de datos en España, según ha adelantado El Diario Vasco. El nuevo texto, resultado de un intenso pulso con el sector, introduce una moratoria de cinco años para el cumplimiento de la obligación de que el 80% de la electricidad consumida sea renovable hora a hora, y a cambio reserva al Ejecutivo la potestad de interrumpir el suministro a estas instalaciones cuando peligre la estabilidad de la red eléctrica. Las mayores exigencias recaen sobre los gigantes digitales como Amazon, Microsoft o Google.
Un pulso resuelto con concesiones mutuas
El anuncio, publicado este pasado lunes, cierra un periodo de negociación que la fuente describe como un "intenso pulso" entre el Gobierno y las empresas que impulsan los grandes centros de datos en el país. El resultado es un texto que busca equilibrar dos objetivos que han chocado durante meses: atraer inversión en infraestructuras digitales y garantizar que su impacto sobre el sistema eléctrico no comprometa el suministro al resto de consumidores.
Hasta ahora, una de las principales fricciones era la exigencia de que estas instalaciones se abastecieran de energía renovable de forma inmediata y verificable hora a hora. El nuevo texto mantiene ese objetivo en el horizonte, pero lo aplaza: la obligación del 80% de renovables con medición horaria queda sujeta a una moratoria de cinco años. Ese margen temporal es la concesión principal al sector, que venía advirtiendo de la dificultad técnica y económica de garantizar ese suministro desde el primer día de operación.
Las grandes tecnológicas, en el punto de mira
El marco aprobado no trata por igual a todos los operadores, sino que introduce una gradación: las mayores obligaciones se reservan para los gigantes digitales, los que el texto oficial menciona expresamente como Amazon, Microsoft o Google. Son, precisamente, los actores con mayor capacidad inversora y los que están impulsando los proyectos de mayor envergadura en distintos puntos de España.
Esa diferenciación implica que los grandes centros de datos, por su tamaño y por el peso que su demanda añadida supone para la red, quedan sujetos a un régimen más exigente. El detalle sobre qué obligaciones concretas recaen sobre cada categoría y cómo se mide ese impacto no aparece en la información publicada, pero la lógica del mecanismo es clara: a mayor escala, mayor responsabilidad sobre la estabilidad del sistema.
El apagado como salvaguarda de la red eléctrica
La contrapartida que obtiene el Ejecutivo es una herramienta de intervención directa: la capacidad de apagar los centros de datos cuando peligre la red eléctrica. Es una cláusula de seguridad pensada para escenarios de tensión en el suministro, en los que la demanda de estas instalaciones podría agravar el riesgo de desabastecimiento para el resto de usuarios.
La medida ha sido recibida con expectación en el sector energético vasco, donde la llegada de grandes centros de datos se contempla como una oportunidad para dar salida a la generación renovable y al mismo tiempo como un desafío para la gestión de la red. La potestad de desconexión se perfila como un mecanismo de última instancia, pero su simple existencia cambia las condiciones de negociación de los contratos de suministro y de los acuerdos de conexión a la red de transporte y distribución.
Un precedente con impacto en la estrategia vasca
Aunque la regulación es de ámbito estatal, el desarrollo de centros de datos es una de las líneas que el País Vasco y sus instituciones han venido observando en los últimos años, tanto por la descarbonización de la industria como por la apuesta por la digitalización del tejido empresarial. La moratoria de cinco años y el mecanismo de apagado condicionarán los planes de quienes evalúen instalar grandes infraestructuras digitales en Euskadi.
La información publicada por El Diario Vasco, firmada por Cristina Cándido, no entra en detalles sobre qué comunidades autónomas o proyectos concretos se verán afectados en primera instancia, ni cuantifica cuántos centros de datos están en tramitación. Lo que sí deja claro es que el Ejecutivo da por cerradas las reglas de juego, un paso que el sector esperaba para despejar la incertidumbre que rodeaba las inversiones.
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