Covite denuncia la semilibertad de un preso de ETA como un “atajo” del Gobierno vasco para vaciar las cárceles

Un preso reciente y un artículo que no toca

El beneficiado por la medida, José Juan García González, fue condenado en 2018, fecha relativamente reciente dentro del colectivo de presos de ETA. Covite subraya que el recluso continúa clasificado en segundo grado, es decir, en régimen ordinario, y no cumple con el requisito de cumplimiento mínimo de la condena que habitualmente se exige para acceder al tercer grado, que permite la semilibertad. Es aquí donde el Ejecutivo de Vitoria, según la acusación, sortearía los plazos mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un mecanismo que permite la concesión de regímenos de semilibertad de forma excepcional, sin necesidad de que el preso haya pasado por la fase de clasificación en tercer grado. “El Ejecutivo autonómico vuelve a utilizar esta medida como un atajo para flexibilizar el cumplimiento de la condena de un preso de ETA”, ha señalado el colectivo a través de un comunicado. Covite no recurre la legalidad de la herramienta en sí, sino la falta de justificación individualizada, que a su juicio demuestra un “uso sistemático y masivo” para el colectivo etarra.

La sombra de una estrategia sistemática

La denuncia de Covite trasciende el caso concreto de José Juan García González. La presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez, ha insistido en que la concesión del artículo 100.2 se ha convertido “en una vía recurrente para conceder regímenes de semilibertad a presos de ETA sin acreditar de manera objetiva e individualizada qué circunstancia extraordinaria justifica su aplicación”. El colectivo cree que la fórmula utilizada por el Gobierno vasco —en concreto, el departamento de Justicia dirigido por María Jesús San José— no responde a procesos reales de reinserción, sino a un plan para acelerar las excarcelaciones. “Sin estos requisitos y sin una justificación objetiva que acredite la necesidad de una medida excepcional, el artículo 100.2 concedido a José Juan García González es injustificado y fraudulento”, ha sentenciado Ordóñez.

La crítica se enmarca en un contexto de creciente tensión institucional. Covite ya ha recurrido por la vía contencioso-administrativa varias de estas concesiones y ha denunciado el caso ante varios órganos internacionales, aunque la consejería mantiene su postura de que actúa con arreglo a la ley y a los informes de los equipos de tratamiento penitenciario. La política de semilibertad en la izquierda abertzale lleva meses en el foco del debate público, con la derecha política y las asociaciones de víctimas presionando al Gobierno central para que intervenga.

El requisito del arrepentimiento

El punto central de la disputa es la valoración de la reinserción. Mientras el Gobierno vasco sostiene que aplica los mismos criterios que con cualquier otro preso, las asociaciones de víctimas exigen un plus de prueba. “Es fundamental que exista un arrepentimiento real, público y verificable, así como una ruptura inequívoca con el entorno que justificó y legitimó durante décadas los crímenes de ETA”, ha subrayado Covite en su nota. La asociación que preside Consuelo Ordóñez recalca que, a día de hoy, el preso José Juan García González no ha hecho tal ejercicio público de autocrítica, por lo que su semilibertad se le antoja a las víctimas un agravio. El caso supone un nuevo pulso judicial y político entre el Ejecutivo de Urkullu y el movimiento asociativo de víctimas, en una legislatura donde los indultos y la política penitenciaria marcan la agenda de un debate que afecta de lleno a la convivencia en el País Vasco. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es, a la espera de que se produzcan nuevos recursos, la siguiente estación para un caso que volverá a poner a prueba las líneas rojas entre el derecho penitenciario y la reparación a las víctimas.

El perfil del preso y el largo recorrido judicial

El caso de José Juan García González no es un caso aislado. La fuente detalla que la concesión de este beneficio se enmarca en una controversia más amplia sobre la utilidad y la aplicación de la vía del artículo 100.2 en el ámbito de la política penitenciaria vasca. La legislación penitenciaria prevé estos mecanismos como palancas para la reinserción, pero su uso recurrente, unido a la falta de una petición expresa de perdón y a la ausencia de un relato condenatorio de la violencia, genera un rechazo frontal por parte de los colectivos de víctimas. Según la información publicada, el afectado “permanece clasificado en segundo grado” sin alcanzar siquiera los plazos de condena habituales, un hecho que para Covite refuerza la tesis de la arbitrariedad. Cualquier concesión futura deberá ser, previsiblemente, revisada en los tribunales.