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La falta de vivienda, principal preocupación de los vascos, ya condiciona el crecimiento de Euskadi

La vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los vascos, según las encuestas más recientes, desbancando por primera vez a otras cuestiones. El problema, que ya era acuciante a nivel social, ha empezado a trasladarse a la economía real: la falta de oferta condiciona la atracción de talento y la actividad de las empresas en Euskadi.

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(El Correo)

Una preocupación que desbanca a todas las demás

La vivienda se ha convertido, de golpe y porrazo, en la principal preocupación de los vascos, según reflejan todas las encuestas, desbancando por primera vez a otras cuestiones que históricamente copaban el ranking, como el empleo o la situación política.

La percepción social ha cambiado de forma acelerada. La dificultad para acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha pasado de ser un problema de determinados colectivos a convertirse en una preocupación transversal que afecta a la mayoría de los hogares vascos. Los precios no dejan de subir mientras la oferta disponible se mantiene muy por debajo de la demanda.

El hecho de que sea la primera vez que este asunto alcanza el primer puesto en las encuestas de preocupación ciudadana subraya la magnitud del cambio. Lo que antes era un problema puntual para ciertos perfiles —jóvenes, personas recién llegadas o trabajadores con rentas medias— se ha extendido ahora a un espectro mucho más amplio de la población, lo que explica su salto a la primera posición en los sondeos.

El impacto económico: el crecimiento, en riesgo

El problema de la vivienda no se queda en el ámbito social, sino que ha comenzado a interferir en la actividad económica de Euskadi. La falta de vivienda asequible se ha convertido en un obstáculo para la llegada de nuevos trabajadores a la comunidad autónoma, algo que ya se está dejando notar en el crecimiento económico.

Las consecuencias se aprecian con claridad: las empresas vascas tienen dificultades para atraer talento de fuera de la comunidad, un factor cada vez más importante para mantener la competitividad en un mercado laboral tensionado. La dificultad para encontrar un piso a un precio razonable es un desincentivo directo para que profesionales cualificados valoren trasladarse a trabajar a Euskadi.

El problema se agrava en un contexto en el que la industria y el sector servicios necesitan incorporar perfiles que a menudo no se encuentran en el propio mercado laboral vasco. La imposibilidad de garantizar una vivienda a esos profesionales se ha convertido en una traba añadida para el funcionamiento de las empresas, que ven cómo su capacidad para crecer y mantener la actividad se ve limitada por una cuestión que escapa a su control directo.

Un reto que exige respuesta institucional

La nueva realidad social y económica obliga a las instituciones vascas a priorizar la vivienda en la agenda política. La presión sobre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales crece con cada nueva encuesta, en un contexto en el que el resto de problemas se perciben como secundarios o mejor gestionados.

Los datos apuntan a que la oferta de vivienda pública y protegida no está siendo suficiente para dar respuesta a una demanda que se ha intensificado en los últimos años. La evolución demográfica y la llegada de nuevos residentes —necesaria precisamente para sostener el crecimiento económico— chocan con una oferta de vivienda que no reacciona con la suficiente rapidez.

Desde el ámbito empresarial se insiste en que la colaboración público-privada será esencial para ampliar el parque de vivienda disponible, especialmente en las zonas de mayor actividad económica, como Bilbao y su entorno metropolitano, o el eje de Gipuzkoa.

El reto demográfico y el de la vivienda están ahora mismo entrelazados. La capacidad de Euskadi para mantener su dinamismo económico dependerá, en buena medida, de su capacidad para resolver el acceso a la vivienda del talento que necesita. La primera vez que los vascos sitúan este asunto en lo más alto de sus preocupaciones debería servir como un aviso definitivo para los responsables públicos.