Bruselas advierte de que una quita de Tubos Reunidos sería una ayuda de Estado ilegal
Un informe de la Comisión Europea emitido el pasado 28 de septiembre cierra la puerta a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) condone deuda a Tubos Reunidos, la siderúrgica vasca en crisis. El documento advierte de que una quita sería constitutiva de ayuda de Estado, lo que pone en jaque el plan de rescate de la compañía.
Informe de la Comisión Europea: la quita es ilegal
El informe, fechado el 28 de septiembre, sostiene que cualquier condonación de la deuda que la Sepi mantiene con Tubos Reunidos constituiría una ayuda de Estado ilegal. La Comisión Europea entiende que una quita otorgaría una ventaja selectiva a la compañía, lo que vulnera las normas comunitarias sobre competencia.
El documento, al que ha tenido acceso El Correo, supone un duro revés para los planes de la Sepi y para la propia siderúrgica, que arrastra una delicada situación financiera. La advertencia no deja resquicio a la negociación: tocar el crédito, según Bruselas, es constitutivo de ayuda de Estado y, por tanto, no puede autorizarse sin pasar por el procedimiento comunitario.
Consecuencias para Tubos Reunidos y la Sepi
La decisión de Bruselas complica extraordinariamente el futuro de Tubos Reunidos, una de las compañías históricas del sector siderúrgico vasco con plantas en el País Vasco. La empresa había depositado sus esperanzas en una reestructuración que incluyera una quita de la deuda contraída con la Sepi, que entró en su capital en 2022 para evitar el colapso.
La posición de la Comisión Europea obliga a buscar alternativas. Las opciones sobre la mesa ahora pasan por una ampliación de capital, la entrada de nuevos inversores o una inyección de fondos que no implique una condonación directa. Ninguna de ellas parece sencilla en el actual contexto de mercado, y el tiempo corre en contra de la compañía.
Reacciones y próximos pasos
El informe no ha trascendido de forma oficial, pero su contenido ha generado una notable preocupación en el ámbito empresarial vasco. El Ejecutivo de Vitoria, que ha seguido de cerca la evolución de la compañía, tendrá ahora que redefinir cualquier plan de apoyo para garantizar la viabilidad de la planta, ante la imposibilidad legal de una quita.
La Sepi, por su parte, tendrá que evaluar las opciones que quedan sobre la mesa. Desde Bruselas no se ha hecho público un pronunciamiento oficial más allá del contenido del informe, pero el mensaje es claro: cualquier medida que suponga aliviar la deuda de Tubos Reunidos de forma selectiva choca con la normativa europea. La pelota está ahora en el tejado de la compañía y de sus accionistas.
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