PNV y Bildu condicionan el nuevo decreto de vivienda de Sánchez con estrategias opuestas

El PNV: incentivos fiscales y seguros de alquiler para los propietarios

La posición del PNV en la negociación gira en torno a una idea recurrente: el problema del acceso a una vivienda asequible no se resolverá únicamente mediante controles sobre el mercado, como los topes al precio del alquiler, sino ampliando la oferta disponible e incentivando que más propietarios saquen sus inmuebles al alquiler.

Para ello, los jeltzales defienden ampliar las ventajas fiscales vinculadas al arrendamiento y extenderlas a colectivos vulnerables más allá de los jóvenes, con el objetivo de favorecer la oferta de vivienda habitual a precios asequibles. Además, el partido ha respaldado históricamente deducciones ligadas al alquiler para jóvenes, incentivos a la rehabilitación de viviendas destinadas al arrendamiento y beneficios asociados a la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles.

Otra de sus reivindicaciones históricas pasa por reducir la percepción de riesgo que puedan tener los propietarios a la hora de poner en alquiler sus viviendas. Para ello, proponen la creación de seguros de alquiler que cubran contingencias e impagos.

Los jeltzales también defienden fórmulas que incentiven económicamente el alquiler de inmuebles actualmente desocupados y que generen un marco de confianza para los propietarios. Por último, apuestan por reforzar el parque público de vivienda mediante la movilización de suelo público para la construcción de viviendas protegidas y de alquiler asequible, así como mecanismos que permitan a las administraciones conservar durante más tiempo la función social de las promociones protegidas.

La exigencia jeltzale: negociación real y respeto al autogobierno

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ya reprochó en abril, con la caída en desgracia del anterior decreto sobre vivienda, la falta de negociación real con los grupos por parte del Ejecutivo. Desde la tribuna criticó que el Gobierno pretendiera “enmendar la ley aprobada por la Cámara mediante decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros sin negociación previa”.

En esa intervención, Vaquero reclamó “buscar acuerdos de calado desde una visión integral, porque la vivienda es una preocupación para demasiada gente”, y hacerlo “desde el respeto político e institucional”. Esa exigencia de respeto al autogobierno vasco y de negociación real sigue marcando hoy la posición del PNV en la mesa de diálogo sobre el nuevo decreto ley.

Bildu: intervención pública del mercado frente a la lógica de la oferta y la demanda

La posición de EH Bildu es bien distinta. La aprobación de la Ley estatal de Vivienda, en mayo de 2023, supuso uno de los principales hitos políticos de la coalición soberanista durante la pasada legislatura. Frente a las posiciones más favorables a los incentivos defendidas por el PNV, Bildu apostó por una mayor intervención pública sobre el mercado inmobiliario con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y no únicamente como un bien sujeto a las reglas de la oferta y la demanda.

En abril, cuando el anterior decreto fue tumbado por el Congreso, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, defendió la necesidad de mantener la intervención pública en el mercado de la vivienda para proteger a los inquilinos frente al incremento de los precios. Matute sostuvo que la vivienda debe ser tratada como un derecho social y no únicamente como un activo económico, y respaldó medidas como la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de las subidas de renta para evitar que miles de familias vieran comprometida su continuidad en sus hogares.

Críticas de Bildu a quienes rechazaron el decreto anterior

Durante el debate de abril, Bildu criticó a los grupos que optaron por rechazar el decreto o abstenerse, argumentando que algunas de esas formaciones habían respaldado medidas similares durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania. A su juicio, el debate no debía centrarse en la defensa de los intereses de los rentistas, sino en la situación de quienes destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler.

Matute alertó de que permitir aumentos significativos en las renovaciones de contratos podía expulsar a miles de personas del mercado residencial y agravar una crisis de acceso a la vivienda que ya afecta a amplias capas de la población. El dirigente de la coalición soberanista aprovechó la intervención para reivindicar otras medidas de intervención pública que su formación viene defendiendo desde hace años: la regulación de los pisos turísticos, la movilización de vivienda vacía, el impulso de fórmulas cooperativas y la protección frente a los desahucios.

Según Matute, la experiencia demuestra que el mercado por sí solo no está resolviendo el problema habitacional y que las administraciones deben actuar con mayor decisión para garantizar el acceso a una vivienda digna.