Garbiñe Biurrun: Euskadi debería poder regular su propio salario mínimo, a lo que se suma un aumento «brutal» de la litigiosidad laboral

La defensa de un SMI propio para Euskadi

Biurrun, nacida en Tolosa en 1960, ha manifestado que «sería razonable que Euskadi tuviera capacidad para regular su propio salario mínimo». La afirmación, recogida por El Diario Vasco, sitúa a la magistrada en el debate sobre el alcance del autogobierno vasco en materia sociolaboral, un asunto que afecta directamente a la negociación colectiva y a las condiciones salariales de miles de trabajadores en el País Vasco.

La reflexión de Biurrun llega en un momento en el que el SMI estatal se fija por el Gobierno de España tras el diálogo con los agentes sociales. En Euskadi, la posibilidad de modular esta cifra en función de la realidad económica y productiva propia abriría un escenario institucional complejo, ya que el salario mínimo se configura como una norma básica del Estado que garantiza igualdad en todo el territorio. La posición de la magistrada, no obstante, se enmarca en una lectura próxima al hecho diferencial vasco y a la capacidad de adaptación normativa que el estatuto y el concierto económico permiten.

El planteamiento cobra relevancia en un territorio con una estructura industrial consolidada y unos costes de vida que, en las principales capitales vascas, se sitúan por encima de la media estatal. Las patronales vascas han mostrado en el pasado recelo ante subidas del SMI que afectan a convenios con tablas salariales por encima del mínimo legal. La propuesta de Biurrun podría, en ese sentido, habilitar un ajuste más fino entre productividad y retribuciones mínimas en un tejido productivo marcado por máquina-herramienta, automoción y energía.

Una carrera de casi 17 años al frente de lo Social del TSJPV

La magistrada acaba de dejar la presidencia de la Sala de lo Social del Superior vasco tras agotar el límite legal de mandatos. Según la información publicada por El Diario Vasco, Biurrun ha permanecido casi 17 años al frente de la sala, una de las más activas del tribunal por el volumen de asuntos que concentra: despidos, reclamaciones de cantidad, prestaciones y conflictos colectivos, muchos de ellos ligados a la industria y los servicios vascos.

Durante su etapa como presidente, la sala ha visto pasar algunos de los expedientes más sensibles del panorama laboral vasco. Aunque la entrevista no detalla sentencias concretas, su larga trayectoria la convierte en una voz autorizada a la hora de diagnosticar el estado de la jurisdicción social en la comunidad. En los últimos años, el repunte de desempleo en sectores industriales y la crisis energética han incrementado la presión sobre los juzgados de lo social en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Su sucesión al frente de la sala se produce en un contexto de renovación de cargos judiciales en el País Vasco, condicionado por la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los retrasos en la cobertura de vacantes. La salida de Biurrun deja una figura de referencia en la jurisdicción social vasca, conocida por su proximidad a la realidad de los juzgados de lo social y por una interlocución fluida con los operadores jurídicos y los agentes sociales.

Alerta por el aumento «brutal» de la litigiosidad laboral

La magistrada advierte de un aumento «brutal» de la litigiosidad laboral en Euskadi. El término, empleado por la propia Biurrun y recogido por El Diario Vasco, da cuenta de un crecimiento sostenido de las demandas en los juzgados de lo social vascos, un fenómeno que está tensionando los recursos humanos y materiales del servicio público de justicia.

Este incremento de los conflictos judicializados se produce en un ciclo económico marcado por la reestructuración de plantas industriales, la transformación energética y los cambios en el mercado de trabajo. Empresas como Petronor o Tubos Reunidos —ambas citadas en el contexto de la información— protagonizan procesos que afectan a cientos de trabajadores y que, en más de una ocasión, acaban en los tribunales. La litigiosidad no se limita a los despidos: las reclamaciones de cantidades, los complementos salariales y las disputas sobre convenios también alimentan las estadísticas judiciales.

Biurrun defiende, frente a esta judicialización de las relaciones laborales, los pactos entre trabajador y empresa. La magistrada entiende que el acuerdo directo entre las partes es una vía más eficaz para resolver conflictos que el recurso a los tribunales, una posición coherente con la promoción de la negociación y la mediación extrajudicial que vienen impulsando tanto el Gobierno Vasco como los agentes económicos y sociales en los últimos años.

La combinación de un aumento de la litigiosidad y la defensa del acuerdo directo dibuja un escenario en el que la prevención de conflictos y la mejora del clima laboral ganan protagonismo, mientras la jurisdicción social trata de absorber una demanda creciente con recursos limitados.