Euskadi reconoce 3.611 incapacidades permanentes, la cifra más baja en cinco años
La Seguridad Social reconoció 3.611 incapacidades permanentes en Euskadi, la cifra más baja en cinco años y unos 500 casos menos que la media anual desde 2005. CC OO y UGT atribuyen el descenso a la falta de personal en el organismo, que estaría denegando la mayoría de las solicitudes.
Euskadi reconoce 3.611 incapacidades permanentes, la cifra más baja en cinco años
Euskadi cerró el último ejercicio con 3.611 incapacidades permanentes reconocidas, la cifra más baja desde 2021 y unos 500 casos por debajo de la media anual del período 2005-2025, que se sitúa en torno a 4.100. Así lo reflejan los datos de la Seguridad Social, que muestran una tendencia a la baja por quinto año consecutivo, pese al envejecimiento de la población activa y al aumento de las bajas de larga duración en sectores como la industria o los servicios.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no ha querido valorar los datos, aunque en informes internos ya había admitido retrasos en la tramitación de expedientes por falta de efectivos. El retroceso se produce después de que el organismo registrara una cifra superior a 4.200 en 2020, en plena pandemia, y de que el número de solicitudes se haya mantenido relativamente estable en los últimos dos años.
La caída acumulada desde 2021 ha llevado el volumen de reconocimientos a niveles no vistos desde antes de la crisis sanitaria, con un descenso especialmente acusado en las incapacidades derivadas de enfermedad común, que representan más del 70% del total. En cambio, las derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional apenas han variado, según las mismas fuentes.
CC OO y UGT señalan a la falta de personal en la Seguridad Social como causa del descenso
Desde CC OO Euskadi, su responsable de Salud Laboral, Elena Pérez, ha afirmado que la Seguridad Social «está denegando absolutamente todas» las determinaciones de contingencia, un trámite clave para distinguir el origen de la incapacidad. Pérez ha explicado que la falta de personal médico y administrativo en las unidades de valoración está provocando que muchos expedientes se resuelvan de forma desfavorable «sin un análisis individualizado».
La dirigente sindical ha insistido en que este comportamiento no responde a un cambio normativo, sino a una «deficiencia estructural» en la gestión del organismo. UGT Euskadi coincide con este diagnóstico y ha señalado que «no hay medios para atender el volumen de solicitudes», lo que está detrás de la caída en el número de reconocimientos.
Ambos sindicatos han subrayado que el descenso no refleja una mejora de la salud de los trabajadores, sino una mayor dificultad para acceder a la prestación. En este sentido, han reclamado una dotación de personal suficiente en los equipos de valoración y una reducción de los plazos de resolución, que en algunos casos superan los seis meses.
Mayores de 55 años y sectores como automoción, los más afectados por las denegaciones
La restricción en el reconocimiento de incapacidades tiene un impacto directo sobre los trabajadores que, tras una larga baja, no logran la prestación y se ven abocados a la búsqueda de empleo o a la jubilación anticipada. El colectivo de mayores de 55 años es el más perjudicado, ya que concentra la mayor parte de las solicitudes y sufre tasas de denegación superiores a la media.
En sectores como la automoción o la máquina-herramienta, con alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas, las empresas han expresado su preocupación por el incremento de los litigios derivados de las denegaciones. La patronal vasca no ha hecho valoraciones públicas, aunque fuentes del ámbito laboral indican que la situación está generando un aumento de la judicialización de los casos.
Los sindicatos advierten de que, si no se corrigen las plantillas, la tendencia podría mantener una presión adicional sobre quienes ya han agotado sus periodos de baja y se ven obligados a reincorporarse sin estar en condiciones. Además, recuerdan que la decisión sobre la contingencia no es meramente diagnóstica, sino que determina el acceso a prestaciones más elevadas en los casos de origen profesional.
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