El escudo industrial vasco moviliza solo 25 millones de los 450 en avales
El escudo industrial aprobado por el Gobierno vasco para proteger a las empresas del impacto de los aranceles y del cierre del estrecho de Ormuz apenas está teniendo uso. Según ha publicado El Correo, de los 450 millones de euros en avales previstos, las compañías solo han movilizado 25 millones, el 5% del total. La cifra contrasta con la factura de mil millones que, según el lehendakari Imanol Pradales, ha supuesto esta crisis para la industria vasca.
Un despliegue muy por debajo de lo esperado
El escudo industrial del Gobierno vasco, presentado como una de las herramientas clave para blindar al tejido productivo ante la coyuntura internacional, ha movilizado hasta ahora 25 millones de euros de los 450 millones en avales comprometidos. Así lo ha adelantado El Correo, que cifra en un 5% el grado de utilización de esta línea de financiación apoyada por Elkargi.
La cifra adquiere especial relevancia porque el propio lehendakari, Imanol Pradales, situó el mes pasado en el Pleno de Política General en mil millones de euros la factura que la crisis internacional ha supuesto para la economía vasca. Esa referencia, recogida en la información publicada el 20 de octubre, contrasta con el escaso recurso a los instrumentos puestos a disposición de las empresas.
El escudo se diseñó con dos objetivos prioritarios: hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos y paliar los efectos del cierre del estrecho de Ormuz, que ha alterado las cadenas de suministro y encarecido los costes logísticos y energéticos. Sin embargo, los datos apuntan a que las compañías no están acudiendo a estas ayudas en la medida prevista por el Ejecutivo.
El contexto: una crisis cifrada en mil millones
La referencia a los mil millones de coste no es menor. Pradales la utilizó en el debate de Política General como argumento para justificar la necesidad de un escudo industrial amplio y dotado. Según esa lectura, la combinación de la política arancelaria de Washington y el bloqueo en el estrecho de Ormuz habría golpeado con dureza a sectores como la automoción, la máquina-herramienta o la petroquímica vasca, muy expuestos tanto a los mercados estadounidense como a las rutas marítimas de Oriente Próximo.
El propio lehendakari ha impulsado el Grupo para la Defensa Industrial, cuyas reuniones ha presidido en varias ocasiones y en las que se han ido perfilando las medidas del escudo. Precisamente, El Correo ilustra su información con una imagen de Pradales al inicio de una de esas reuniones, un detalle que subraya la implicación directa de la presidencia del Gobierno vasco en el diseño de la respuesta.
La diferencia entre el coste estimado y el uso efectivo de los avales plantea interrogantes sobre si el problema está en la demanda —empresas que no necesitan o no quieren endeudarse— o en la oferta, es decir, en las condiciones exigidas por Elkargi, la sociedad de garantía recíproca que canaliza los avales. El Correo no aporta una respuesta, pero la brecha es suficientemente amplia como para que el Ejecutivo deba explicarla.
Un instrumento con más recorrido del que se está usando
Los avales de Elkargi constituyen uno de los instrumentos más utilizados por las empresas vascas para acceder a financiación en momentos de tensión, pero su activación depende de que las compañías consideren que las condiciones compensan. En un escenario de tipos de interés aún elevados y de incertidumbre sobre la evolución de los aranceles, muchas empresas pueden estar optando por esperar antes de comprometerse con nueva deuda.
La cifra del 5% de utilización sugiere que, o bien la necesidad de liquidez no es tan acuciante como se preveía, o que las empresas están cubriendo el impacto con recursos propios o con otras vías de financiación. En cualquier caso, la información publicada por El Correo este martes abre un debate sobre la eficacia de los instrumentos públicos de apoyo a la industria en un contexto de crisis prolongada.
El escudo industrial sigue estando disponible, y los 425 millones restantes podrían activarse si la coyuntura empeora. Pero la distancia entre lo previsto y lo ejecutado es un dato que el Gobierno vasco tendrá que gestionar, tanto en sede parlamentaria como en las reuniones del Grupo para la Defensa Industrial, donde las patronales y los sindicatos evalúan el impacto real de las medidas.
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