Covite denuncia una nueva semilibertad "fraudulenta" a un preso de ETA concedida por el Gobierno vasco
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este miércoles la concesión "fraudulenta" del artículo 100.2 del reglamento penitenciario al preso de ETA José Juan García González, una medida que el Gobierno vasco ha aplicado a través del departamento de Justicia y que, a juicio de la asociación, se ha convertido "en un atajo" para flexibilizar el cumplimiento de condena de los presos de ETA.
Una medida "injustificada" para un preso en segundo grado
En un comunicado, Covite explica que el Ejecutivo autonómico "vuelve a utilizar esta medida como un atajo para flexibilizar el cumplimiento de la condena de un preso de ETA que permanece clasificado en segundo grado". Según la asociación, García González, condenado en 2018, no cumple con el requisito de cumplimiento mínimo de condena para acceder al tercer grado penitenciario.
Por ello, el colectivo presidido por Consuelo Ordóñez considera que la concesión de este artículo 100.2 responde a una "estrategia sistemática" de excarcelación progresiva de los presos de ETA, más que a "verdaderos procesos de reinserción". La medida, que permite flexibilizar el régimen de un interno sin necesidad de pasar al tercer grado, se ha convertido, según Covite, "en una vía recurrente para conceder regímenes de semilibertad a presos de ETA sin acreditar de manera objetiva e individualizada qué circunstancia extraordinaria justifica su aplicación".
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado que "sin estos requisitos y sin una justificación objetiva que acredite la necesidad de aplicar una medida excepcional, el artículo 100.2 concedido a José Juan García González es injustificado y fraudulento".
El departamento de Justicia, en el centro de la crítica
Covite pone el foco en el departamento de Justicia del Gobierno vasco, dirigido por María Jesús San José, y en la utilización que hace de esta herramienta penitenciaria. Para la asociación, la fórmula empleada por el Ejecutivo autonómico no responde a procesos individualizados de reinserción, sino que se ha convertido en un mecanismo sistemático de excarcelación progresiva de los presos de ETA.
El colectivo considera fundamental que exista "arrepentimiento real, público y verificable, así como una ruptura inequívoca con el entorno que justificó y legitimó durante décadas los crímenes de ETA", algo que, por el momento, no ocurre en el caso de García González.
Esta no es la primera vez que Covite denuncia la aplicación del artículo 100.2. La asociación ya ha alertado en otras ocasiones sobre lo que considera un uso abusivo de esta medida para los presos de ETA, y ha reclamado una revisión de los criterios de concesión para garantizar que solo se aplique en casos debidamente justificados.
Un contexto de denuncias recurrentes
La denuncia de Covite se produce en un contexto en el que la asociación ha venido señalando en repetidas ocasiones la actuación del Gobierno vasco en materia penitenciaria. Hace apenas unos días, la entidad también aseguró que las agresiones a la Ertzaintza demuestran que "el señalamiento" sigue tras el fin de ETA.
Con esta nueva denuncia, Covite insiste en que la concesión del artículo 100.2 a un preso de ETA condenado recientemente, como es el caso de José Juan García González, no se ajusta a los requisitos legales establecidos para acceder a este régimen de semilibertad, y exige que el Gobierno vasco acredite de manera objetiva las circunstancias que justifican su aplicación.
El caso de García González se suma así a una lista de presos de ETA a los que el departamento de Justicia ha concedido esta medida, una práctica que Covite considera contraria a los principios de reinserción individualizada y que, a su juicio, vulnera los derechos de las víctimas.
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