La ley de simplificación administrativa del Gobierno Vasco choca con los defensores de Urdaibai
La proposición de ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible, impulsada por el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha reabierto el debate político y social en el País Vasco. La iniciativa, que busca reducir hasta un 75% los tiempos de tramitación de proyectos de interés público, divide a los agentes sociales por su impacto en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuya protección ha centrado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas durante la primera comisión de Industria del nuevo curso político.
Una 'autopista regulatoria' que reduce plazos y despierta recelos
La Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible, presentada por el departamento de Mikel Jauregi como una 'autopista regulatoria', busca simplificar los procesos de aprobación de los proyectos de interés público, con una rebaja de entre el 30% y el 75% de los tiempos de tramitación según el proyecto. Anunciada en mayo y registrada por los socios de Gobierno (PNV y PSE) en el Parlamento vasco el pasado 4 de junio, superó el primer trámite parlamentario el 25 de junio con la toma en consideración.
Sin embargo, el procedimiento de urgencia elegido para su tramitación ha sido criticado por toda la oposición, que votó en contra al considerar que se reduce el debate parlamentario en una iniciativa que modifica un conjunto amplio de normas vigentes. La propuesta afecta, entre otras, a legislación en materia de puertos y transporte marítimo, pesca marítima, desarrollo rural, agricultura y alimentación ecológica, administración ambiental y la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que es precisamente el punto que ha acaparado el debate.
Urdaibai, el foco del conflicto
El primer punto de fricción es la modificación de la regulación de las actividades náutico-recreativas en el estuario de Urdaibai. La proposición plantea definir una nueva zona en la ría que identifique expresamente las únicas localizaciones donde se permita el fondeo de embarcaciones náutico-recreativas, con el objetivo de restringir la afección al medio ambiente, la flora y la fauna. Además, se establecerían medidas para adecuar zonas de baño en el litoral, reduciendo así la carga en las zonas portuarias.
Estas medidas han sido criticadas por la mayoría de los grupos políticos y por la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, que piden que la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai quede fuera del paquete de normas que modificaría la proposición. La organización, que ha tenido un papel central en el rechazo al proyecto de ampliación del Museo Guggenheim en Urdaibai, considera que la ley de protección, aprobada hace más de 35 años, debe modificarse en un marco propio de negociación y con sus propios tiempos, de manera que pueda incorporar los cambios que diferentes agentes quieran plantear.
La ILP para dotar de personalidad jurídica a la marisma
El debate coincide con la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada en mayo en el Parlamento vasco por un grupo de juristas y expertos en medio ambiente, que busca dotar de personalidad jurídica y derechos a la marisma de Urdaibai. La iniciativa, que está pendiente de toma en consideración, supondría reconocer a Urdaibai como un sujeto de derechos, lo que permitiría que personas, comunidades o entidades pudieran emprender acciones legales en nombre del ecosistema.
La ILP llegó meses después de que el Patronato del Museo Guggenheim Bilbao decidiera no seguir adelante con el proyecto de ampliación del centro de arte moderno en Urdaibai. Este contexto ha elevado la sensibilidad social en torno a la protección de la reserva, lo que explica que la inclusión de su ley de ordenación en la 'autopista regulatoria' haya sido uno de los principales motivos de rechazo frontal en la comisión.
Un debate que divide a los agentes sociales
La proposición de ley ha vuelto a poner de manifiesto la fractura entre quienes defienden la agilización administrativa como motor para la actividad económica sostenible y quienes consideran que esta se hace a costa de la protección del medio ambiente. La primera comisión de Industria del curso, celebrada entre el lunes y el miércoles, ha servido para que los portavoces de los diferentes grupos políticos expresen sus posiciones encontradas, con las críticas centradas tanto en el contenido de la norma como en el procedimiento de urgencia que limita el debate parlamentario.
Mientras el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad mantiene su apuesta por esta vía para impulsar proyectos considerados de interés público, las voces críticas recuerdan que la Reserva de la Biosfera de Urdaibai es un espacio protegido desde hace más de tres décadas y que su ordenación no debería tramitarse sin un consenso amplio. El desenlace de este conflicto marcará la agenda política del Gobierno Vasco en los próximos meses, en un momento en que la transición energética y la actividad económica reclaman agilidad administrativa. La división entre los agentes sociales anticipa un debate complejo en la Cámara vasca, con la ILP de personalidad jurídica para Urdaibai también pendiente de decisión.
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