Gipuzkoa encadena otro año como el territorio con menos eólica instalada de España, con solo 2,55 MW
Gipuzkoa vuelve a cerrar el año como el territorio de España con menor potencia eólica instalada, con solo 2,55 megavatios (MW), una cifra que no se mueve desde hace dos décadas por las restricciones territoriales y el rechazo social a los proyectos. Mientras tanto, el Gobierno vasco acaba de dar luz verde a los parques Hernani I y II, un primer paso para desbloquear un mapa eólico que sigue prácticamente en blanco frente a los 106,7 MW de Álava.
Un estancamiento de dos décadas que deja a Gipuzkoa a la cola de España
Los últimos datos disponibles, correspondientes al segundo semestre de 2026, vuelven a situar a Gipuzkoa en el último puesto del ranking estatal de potencia eólica instalada, con apenas 2,55 MW. La cifra no ha variado en veinte años, un periodo en el que la provincia ha visto cómo se paralizaban o rechazaban la práctica totalidad de los proyectos que aspiraban a instalarse en su territorio.
La comparación con otras zonas del país evidencia el retraso: Baleares, con una superficie y población similares, registra 3,68 MW, y la provincia andaluza de Jaén alcanza los 15,18 MW. La lista no incluye territorios sin potencia eólica como Madrid, Ceuta o Melilla, por lo que Gipuzkoa figura como el último con datos.
Las causas apuntan a una combinación de restricciones territoriales y un historial de iniciativas frenadas por la oposición de ayuntamientos y vecinos. El resultado es un mapa eólico guipuzcoano prácticamente en blanco, con un único proyecto con autorización previa hasta agosto y ningún aerogenerador nuevo en funcionamiento.
El Gobierno vasco desbloquea Hernani I y II, pero la lista de proyectos en el aire sigue siendo larga
La semana ha traído una novedad: el Gobierno vasco ha dado luz verde a los parques eólicos Hernani I y II, ambos ubicados en Gipuzkoa. Se trata de la primera autorización de este tipo en la provincia en años, un paso que podría comenzar a revertir la situación a partir del próximo año.
El proyecto, que antes de la aprobación figuraba entre los nueve que estaban en el aire, se suma a una lista de iniciativas que hasta ahora no habían logrado avanzar por condiciones de seguridad aérea, impacto ambiental o dudas generales. El propio Gobierno vasco sometió a exposición pública, a principios de año, el proyecto Ikatz Gane, que prevé cinco aerogeneradores de 112 metros de altura y una potencia de 24,95 MW.
Sin embargo, el balance sigue siendo negativo: Gipuzkoa acumula cuatro proyectos descartados y varios más pendientes de resolución. El caso más mediático fue el de Karakate, entre Soraluze y Elgoibar, donde Green Capital proyectaba dos aerogeneradores de 9,6 MW con una inversión de unos 8 millones de euros. En 2023, la compañía renunció al proyecto por la presión de los ayuntamientos y los vecinos, un patrón que se ha repetido en otros puntos de la provincia, como el de Trekutz, cerca de Zumárraga-Urretxu, que acabó paralizado tras las alegaciones conjuntas de cinco municipios.
Álava lidera Euskadi con 106,7 MW y Bizkaia queda entre las cinco peores de España
El contraste dentro del País Vasco es notable. Álava encabeza la lista regional con 106,7 MW instalados, una cifra que multiplica por más de cuarenta la de Gipuzkoa y que refleja una política de implantación más favorable en el territorio alavés, con menos restricciones orográficas y sociales.
En el lado opuesto, Bizkaia registra 44 MW, una potencia baja que, no obstante, la sitúa por delante de Cantabria, con 35 MW, y la coloca como la quinta peor provincia de España en este indicador. La cifra vizcaína es superior a la guipuzcoana, pero también refleja las dificultades para desarrollar proyectos eólicos en un territorio con una orografía complicada y una elevada densidad de población.
La diferencia entre los tres territorios históricos subraya el peso de las decisiones administrativas y sociales en el despliegue renovable. Mientras Álava ha logrado consolidar una cartera de proyectos, Gipuzkoa y, en menor medida, Bizkaia, arrastran un retraso que condiciona la contribución vasca a los objetivos de transición energética y que mantiene a la provincia guipuzcoana en el furgón de cola nacional durante más de dos décadas.
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