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El Gobierno vasco admite que carece de un criterio para identificar el lobby de sus ex altos cargos

El Gobierno vasco ha admitido en sede parlamentaria que no dispone de un 'criterio expreso' para identificar y contabilizar qué actividades de los ex altos cargos corresponden específicamente a labores de lobby o de representación de intereses. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha respondido así a una batería de preguntas de EH Bildu, que había alertado de que la ley vigente no prohíbe de forma explícita estas actividades durante los dos años posteriores al cese.

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Fotografía que ilustra la noticia: El Gobierno vasco admite que carece de un criterio para identificar el lobby de sus ex altos cargos
(El Español)

Reconocimiento de una laguna en la normativa vigente

La consejera María Ubarretxena ha trasladado al Parlamento vasco que el Ejecutivo considera que el marco normativo actual -la ley de 2014 sobre incompatibilidades y prohibiciones para altos cargos- 'garantiza' el control de los conflictos de intereses. Sin embargo, ha reconocido que no existe un criterio definido para identificar cuáles de las actividades que desarrollan los ex cargos corresponden a labores de lobby o representación de intereses, tal y como adelantó El Español.

Esta precisión llega después de que la parlamentaria de EH Bildu Lamia Nogales pusiera en duda la suficiencia del régimen actual para evitar influencias indebidas. Nogales había subrayado que, aunque la ley de 2014 regula las incompatibilidades durante los dos años siguientes al cese, no prohíbe de forma explícita que los ex altos cargos realicen actividades de lobby vinculadas a los expedientes en los que participaron directamente durante su mandato.

La respuesta del Ejecutivo: la ley de 2014 es suficiente

En su respuesta, el Gobierno vasco defiende que la ley de 2014 es suficiente para prevenir conflictos de interés e influencias indebidas después del cese de los altos cargos. Según el Ejecutivo, esa norma prohíbe durante los dos años posteriores cualquier relación laboral, mercantil o empresarial con entidades privadas con las que el alto cargo hubiera tenido relación directa en el ejercicio de sus funciones. 'Esta prohibición se aplica a todo tipo de relación contractual, independientemente de la actividad concreta que desempeñe la empresa o entidad', detalla la consejera.

A pesar de esa defensa, el Ejecutivo reconoce que no hay un 'criterio expreso' para contabilizar cuáles de las actividades que realizan los ex cargos corresponden específicamente a lobbies o representación de intereses. Esta laguna se abordará, según indican, en el desarrollo de la Ley de Transparencia de Euskadi, aprobada el pasado mes de mayo con el rechazo de la oposición. La norma ya regula los grupos de interés y prevé un desarrollo reglamentario en esta materia.

Un futuro decreto concretará el concepto de influencia

El Gobierno vasco avanza que será un futuro decreto el que permita 'concretar y delimitar el concepto de actividad de influencia y representación de intereses, así como su régimen de identificación y registro'. Esta regulación deberá desarrollarse a partir de lo establecido en la Ley de Transparencia de Euskadi, que entró en vigor sin el respaldo de la oposición.

Mientras tanto, la consejera Ubarretxena ha señalado que el Ejecutivo conoce las empresas a las que se incorporan los ex cargos y las actividades que van a realizar a través de las solicitudes de autorización obligatorias. No obstante, la falta de un criterio expreso hace que no se pueda diferenciar con precisión cuándo esas actividades son de lobby y cuándo responden a otras funciones, una distinción que EH Bildu considera imprescindible para garantizar la transparencia y prevenir influencias indebidas en la toma de decisiones públicas.