El Gobierno vasco admite ante el comité de Vicinay que su entrada en el capital no evita un ERTE
El Gobierno vasco ha reconocido este jueves ante el comité de empresa de Vicinay que su entrada en el capital de la compañía no la blinda frente a un expediente de regulación de empleo. En la reunión, celebrada para dar explicaciones tras la polémica generada por la operación de rescate, el Ejecutivo defendió su participación junto al empresario Dámaso Quintana y advirtió de que, sin esa inyección, la empresa habría cerrado.
Un rescate con condiciones: el ERTE sigue sobre la mesa
El encuentro, mantenido este jueves entre el Gobierno vasco y el comité de empresa de Vicinay, ha servido para que el Ejecutivo autonómico matizara el alcance de su intervención en la compañía. Según ha podido saber este medio, el Gobierno ha reconocido abiertamente que su entrada en el capital social de Vicinay, empresa dedicada a la fabricación de anclas y cadenas con plantas en el País Vasco, no constituye una garantía automática frente a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
La reunión se enmarca en la tormenta política y social desatada tras conocerse los detalles de la operación de salvamento, en la que el Ejecutivo vasco participa junto al empresario Dámaso Quintana. Fuentes presentes en el encuentro han señalado que el Gobierno defendió su aportación al rescate argumentando que, de no haberse llevado a cabo, la continuidad de Vicinay habría estado en grave peligro, abocando a la empresa a un cierre inminente.
El reconocimiento de que la entrada pública no blinda a la compañía de despidos llega en un momento de especial sensibilidad laboral en la industria vasca, donde los expedientes de regulación de empleo se han convertido en uno de los principales focos de tensión entre el Ejecutivo autonómico, los sindicatos y las patronales.
La operación con Dámaso Quintana, clave para evitar el cierre
El Gobierno vasco ha puesto el acento durante la reunión en la necesidad de la operación de rescate junto a Dámaso Quintana, una figura empresarial con amplia trayectoria en el sector industrial. Según ha trascendido, el Ejecutivo ha insistido en que la alternativa a esta intervención no era otra que el cierre de Vicinay, una empresa con una larga historia y un peso específico en el tejido productivo vasco.
La participación pública en el capital de Vicinay se planteó, por tanto, como una medida extraordinaria para sostener la actividad y el empleo en un momento crítico, aunque el propio Gobierno ha admitido que no puede comprometerse a mantener la plantilla íntegra si las circunstancias económicas de la compañía no lo permiten.
El comité de empresa, por su parte, ha mostrado su preocupación por las implicaciones de este reconocimiento, ya que la posibilidad de un ERTE afectaría directamente a los trabajadores de las plantas de Vicinay en Euskadi. Los representantes sindicales han solicitado al Gobierno más concreción sobre el futuro inmediato de la empresa y sobre las condiciones que acompañarán a su entrada en el accionariado.
Un precedente en la política industrial vasca
La intervención del Gobierno vasco en Vicinay se inscribe en una línea de actuación que el Ejecutivo autonómico ha venido desarrollando en los últimos tiempos para apoyar a empresas estratégicas en dificultades. Sin embargo, el caso de Vicinay presenta particularidades que lo convierten en un precedente relevante, tanto por la participación de un socio privado como Dámaso Quintana como por la asunción explícita de que la ayuda pública no equivale a una garantía de estabilidad laboral absoluta.
La reunión de este jueves ha permitido al Gobierno vasco dar explicaciones directas al comité de empresa, pero no ha resuelto las incógnitas sobre el futuro de la plantilla. La posibilidad de un ERTE sigue siendo una amenaza real, y tanto los trabajadores como los sindicatos permanecen a la espera de nuevos detalles sobre el plan de viabilidad de Vicinay y sobre el papel que jugará el Ejecutivo en los próximos meses.
El Ejecutivo, por su parte, ha reiterado su compromiso con la empresa y con su tejido industrial, pero ha dejado claro que su margen de maniobra tiene límites. La decisión final sobre los despidos, si finalmente se produce, dependerá de la evolución de la compañía y de las medidas que se adopten para asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo.
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