El calendario electoral condiciona la salida concursal de Tubos Reunidos y complica la 'vía vasca' para la planta de Amurrio
La fase de ofertas por Tubos Reunidos avanza con el reloj en contra para cualquier solución orquestada entre Vitoria y Madrid antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El interés confirmado de una gran siderúrgica india, que ya ha presentado oferta formal ante la jueza de lo mercantil de Vitoria, se perfila como el principal obstáculo para que el fabricante de tubos conserve el control desde Euskadi, según informa Crónica Vasca.

Un proceso concursal que avanza a contrarreloj
El proceso concursal de Tubos Reunidos avanza con un calendario político como telón de fondo. Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, las fuentes consultadas por Crónica Vasca coinciden en que ya no hay margen para un arreglo exprés antes de esa fecha y que la resolución del futuro de la compañía quedará en manos del próximo gobierno.
Mientras tanto, el concurso continúa quemando etapas. Más de una decena de firmas han mostrado interés por la compañía, y la administración concursal se dispone a estudiar en detalle las cinco ofertas finalistas. Entre ellas, según las mismas fuentes, se colará previsiblemente la de un gran fabricante indio, que ya ha presentado una oferta formal ante la jueza de lo mercantil de Vitoria.
La proximidad de la cita electoral ha frenado las expectativas de un acuerdo rápido. En febrero, el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, pedía "fórmulas novedosas" para reducir la deuda de Tubos Reunidos. De fondo, el Gobierno vasco y el PNV mantenían contactos con Madrid para hacer más atractiva la compañía pensando en un inversor vasco, una posibilidad que tomaba fuerza ante el interés de José Antonio Jainaga en la planta de Trapagaran.
Ahora, sin embargo, la 'patata caliente' quedará para el siguiente gobierno, todo ello mientras el proceso concursal avanza con grupos extranjeros muy interesados en la compañía.
El factor indio, el principal escollo para retener la bandera vasca
La necesidad de tubos para ciertos sectores en India y los recargos al acero chino han situado a Tubos Reunidos en el punto de mira de las grandes compañías del país asiático, que compiten también con otras firmas de Asia y de Europa del Este.
El tamaño y la capacidad económica de este inversor indio le permitirían cumplir sin problemas las garantías financieras que exige la Sepi a los compradores y, lo que es más relevante, incluir en su proyecto parte de los activos de la planta de Amurrio.
Esta última condición es la que marca la diferencia. Tanto el industrial Sidenor como Tubacex, ambos presentes en la primera fase, apuestan únicamente por la planta de Trapagaran. Si el candidato indio suma Amurrio a su oferta, solo una intervención política orquestada entre Vitoria y Madrid al estilo Talgo mantendría viva la 'vía vasca'.
La firmeza del interés indio se sustenta en hechos concretos. Según Crónica Vasca, esta multinacional ha mantenido un contacto regular con la administración concursal hasta el último día del plazo para presentar ofertas, interesándose por la veracidad de informaciones aparecidas en prensa sobre otros posibles compradores.
El Gobierno vasco, dispuesto a entrar en el capital, pero con condiciones
La postura del Ejecutivo de Vitoria ha sido consistente a lo largo del proceso. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ya pedía en febrero "fórmulas novedosas" para reducir la deuda de Tubos Reunidos. De fondo, el Gobierno vasco y el PNV mantenían contactos con Madrid para hacer más atractiva la compañía pensando en un inversor vasco, una vía que cobró fuerza ante el interés de José Antonio Jainaga en la planta de Trapagaran.
El Gobierno vasco asegura tener músculo económico para soportar parte de la carga, con los 1.000 millones de la alianza financiera como respaldo, y muestra disposición a convertirse en accionista de Tubos Reunidos. Eso sí, condiciona su entrada a que la Sepi le acompañe para reducir riesgos, replicando el modelo aplicado con Talgo.
La sociedad industrial del Estado ha rechazado hasta ahora una quita en sentido estricto del préstamo de 112 millones de euros, más intereses, concedido durante la pandemia. En su lugar, ha ofrecido aplazamientos que permitirían repartir la carga hasta el año 2040.



