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Sara Buesa: «No corresponde al Gobierno Vasco establecer el SMI; el foro es la negociación colectiva»

La nueva viceconsejera de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, Sara Buesa Rodríguez (Vitoria, 1980), ha sentado posición en sus primeras declaraciones: fija en la negociación colectiva el foro adecuado para abordar el salario mínimo interprofesional (SMI) y avisa de que los derechos lingüísticos «no pueden estar por encima de los laborales». Buesa sustituye en el cargo al recién jubilado Alfonso.

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Fotografía que ilustra la noticia: Sara Buesa: «No corresponde al Gobierno Vasco establecer el SMI; el foro es la negociación colectiva»
(El Diario Vasco)

Una viceconsejera con apellido propio

Sara Buesa Rodríguez, nacida en Vitoria en 1980, es la nueva viceconsejera de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, según ha publicado Diario Vasco. Hija del exvicelehendakari Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, la nueva responsable asume un área clave en la política laboral vasca en sustitución de Alfonso, que se ha jubilado recientemente.

Su nombramiento llega en un momento en el que el diálogo social y la negociación colectiva son ejes centrales de la agenda económica vasca, con la industria y el empleo como prioridades del Ejecutivo de Imanol Pradales. La viceconsejería de Empleo e Inclusión gestiona políticas activas de empleo, formación y prestaciones, un ámbito con impacto directo en el tejido productivo de Euskadi.

SMI: «No corresponde al Gobierno Vasco»

En sus primeras declaraciones públicas, Buesa ha sido contundente sobre el Salario Mínimo Interprofesional: «No corresponde al Gobierno Vasco establecer el SMI; el foro es la negociación colectiva». Con esta afirmación, la viceconsejera se desmarca de cualquier reivindicación de competencias autonómicas sobre el SMI y subraya que el marco adecuado para mejorar los salarios es el diálogo entre patronal y sindicatos.

La postura de Buesa adquiere relevancia en un contexto de debate sobre la trasferencia de esta competencia a las comunidades autónomas. El SMI está regulado por el Estado a través del Real Decreto, pero algunos agentes sociales vascos han reclamado mayor capacidad de decisión. La viceconsejera, sin embargo, sitúa el foco en el ámbito de la negociación entre empresas y trabajadores.

Derechos lingüísticos y laborales: un equilibrio delicado

Otra de las afirmaciones de Buesa que ha generado expectación es que los derechos lingüísticos «no pueden estar por encima de los laborales». La nueva viceconsejera aborda así un asunto sensible en el País Vasco, donde el euskera es lengua oficial y su uso en el ámbito laboral ha sido objeto de debate jurídico y social.

Con esta declaración, Buesa parece querer marcar límites: la promoción del euskera en el entorno laboral no debe ser un obstáculo para el acceso al empleo ni para la protección de los derechos de los trabajadores. Es un mensaje dirigido tanto al ámbito empresarial como al institucional, en un territorio donde el perfil lingüístico se utiliza a menudo como requisito de contratación en puestos públicos y, cada vez más, en el sector privado.