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La Audiencia Nacional confirma el cártel que amañó 101 contrataciones en Euskadi
La Audiencia Nacional ha dado un respaldo casi total a los expedientes sancionadores que impulsó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cártel de consultoras que amañó 101 contrataciones públicas en Euskadi, según ha publicado Diario Vasco. El fallo confirma la existencia de pactos para repartirse licitaciones y mantiene la prohibición de trabajar con la Administración.
Un respaldo judicial a las multas de la CNMC
La Audiencia Nacional ha confirmado en lo esencial los expedientes sancionadores que la CNMC incoó contra varias consultoras por prácticas contrarias a la competencia en el mercado de licitaciones públicas vascas. La sentencia constata que hubo pactos entre las empresas para repartirse los contratos, lo que constituye un cártel. El tribunal avala así las multas impuestas por el organismo regulador y consolida la interpretación de que las conductas constituyeron una vulneración de la normativa de competencia. El fallo, publicado por Diario Vasco, llega después de que la CNMC investigara un total de 101 contrataciones que se habrían visto afectadas por estos acuerdos. La confirmación judicial supone un hito en la lucha contra las prácticas colusorias en el sector público vasco y refuerza la posición de las autoridades de competencia en futuros casos similares.
Prohibición de contratar con la Administración
Además de confirmar las multas, la Audiencia Nacional establece la prohibición para las empresas implicadas de trabajar con la Administración. Esta medida, que ya había sido acordada en vía administrativa, queda ahora ratificada por el poder judicial, lo que impide que las consultoras sancionadas puedan participar en nuevas licitaciones públicas durante el periodo que se determine. El caso se enmarca en un contexto de creciente atención a la integridad en la contratación pública. La decisión judicial envía una señal clara a las empresas que operan en este sector: los acuerdos para repartirse contratos tendrán consecuencias severas, tanto económicas como de inhabilitación. La sentencia supone un respaldo a la labor de la CNMC y refuerza la protección del interés general en la gestión de los recursos públicos.