La Audiencia Nacional avala la rebaja de protección ambiental que la Diputación de Bizkaia pidió para el frustrado Guggenheim de Urdaibai

El fallo y su argumentación

En una sentencia dictada el pasado 29 de junio por la sección 1 de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, el tribunal rechaza la demanda de Guggenheim Urdaibai Stop. El fallo, conocido ahora, alude a que la ley de Costas de 1988 posibilita rebajar la protección del litoral en suelos urbanos, como es el caso.

El tribunal añade que, cuando se efectuó el deslinde en 2004 en esa zona de Murueta, "no se introduce la cuestión sobre la anchura de la servidumbre de protección". Es decir, las instituciones podrían haber reclamado ya en 2004 que la protección fuera de 20 metros, pero no lo hicieron hasta que promovieron el Guggenheim en Urdaibai. En el fallo, el alto tribunal reprocha a los grupos opositores: "La facultad del artículo 23.2 Ley de Costas no fue considerada en la aprobación del deslinde del 2004. Debió ser recurrido por este motivo caso de considerarse pertinente".

La sentencia impone las costas del pleito a la plataforma ciudadana, un hecho que, según la fuente, augura el rechazo de las otras dos denuncias pendientes sobre este caso presentadas por Zain Dezagun Urdaibai y Greenpeace.

El origen del cambio normativo

La rebaja de la protección del litoral en la zona del municipio vizcaíno de Murueta donde se quería construir el Guggenheim fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno central y el PNV, que ha apoyado en las dos últimas legislaturas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las contrapartidas para los peneuvistas fue facilitar el museo en Urdaibai.

Por ello, a finales de 2023 la Dirección de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, aceptó una petición de la Diputación de Bizkaia para rebajar la protección a los 20 metros en la zona industrial ocupada por Astilleros Murueta. La medida motivó la presentación de denuncias en los juzgados por los grupos opositores al museo: se formularon tres demandas por parte de Zain Dezagun Urdaibai, la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop y Greenpeace.

Fuentes consultadas señalan que la posibilidad de reveses judiciales fue uno de los argumentos que esgrimieron el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia (los promotores del museo) para paralizar el proyecto, junto a otras trabas administrativas y el clamor social.

El contexto político y el "pelotazo" urbanístico

El giro en la dirección del PNV en 2025, con la salida de Andoni Ortuzar y su reemplazo por Aitor Esteban, y el frenazo al "pelotazo" urbanístico de Astilleros Murueta han sido determinantes en la paralización del proyecto, según fuentes cercanas al partido. El actual presidente del PNV quiso desmarcarse rápidamente del museo en Urdaibai, entre otras razones, para enterrar también la operación urbanística de Astilleros Murueta, la empresa ubicada en el corazón de la reserva de la biosfera.

La construcción del museo llevaba aparejada la salida de los astilleros, pero con unas condiciones inmejorables para esta empresa, que llegó ahí en 1943 con una concesión otorgada por la dictadura franquista, ya que eran terrenos públicos. Ese permiso obligaba a dejar libres los terrenos en caso de cese de la actividad industrial. Con el Guggenheim, a Astilleros Murueta se le eximía de asumir el derribo de las instalaciones y, lo más importante y costoso, la descontaminación de los suelos, como exige la ley vasca de 2015.

Además, la empresa iba a recibir dinero por la venta de los terrenos que ha ido adquiriendo (ahora tiene seis hectáreas, frente a la media hectárea con la que empezó hace más de 80 años). Una operación que la fuente califica como un "pelotazo" de varias decenas de millones de euros. Con la paralización del museo, los terrenos mantienen su uso industrial pendiente de resolución.

El futuro de las otras demandas

Tras el fallo de la Audiencia Nacional, queda por resolver el recurso de Zain Dezagun Urdaibai y Greenpeace. La sentencia conocida ahora, que impone costas a la plataforma demandante, augura el rechazo de las otras dos denuncias, según la fuente.

La Audiencia Nacional ya ha fijado el criterio: la rebaja de la protección estaba contemplada en la ley de Costas de 1988 para suelos urbanos. Aunque el deslinde de 2004 no abordó esa cuestión, el tribunal considera que la decisión de Costas de 2023 fue ajustada a derecho. Los colectivos ecologistas, que han mantenido una oposición firme al museo desde su anuncio, ven ahora cómo la vía judicial se estrecha, aunque la paralización del proyecto les ha dado la razón en la práctica, ya que la sentencia no tiene efecto práctico mientras el museo no se construya.