El Gobierno vasco rechaza la petición de EH Bildu de declarar toda Euskadi zona tensionada: “es electoralista y legalmente inviable”

Una propuesta que choca con la legalidad

La formación abertzale, principal fuerza de la oposición en el Parlamento vasco, ha vuelto a poner sobre la mesa la declaración de zonas tensionadas como herramienta para hacer frente al problema de la vivienda. La medida, recogida en la ley estatal de vivienda, permite limitar los precios del alquiler en aquellas áreas donde el acceso a la vivienda es especialmente difícil.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha respondido con un rechazo frontal. Fuentes del Gobierno vasco citadas por Crónica Vasca aseguran que la propuesta es “electoralista y legalmente inviable”. El Ejecutivo entiende que la declaración de zona tensionada debe responder a criterios técnicos y territoriales concretos, no a una aplicación generalizada que no se ajusta al marco normativo.

El plan de EH Bildu: 60.000 viviendas en diez años

La propuesta de declarar todo el territorio como zona tensionada no es la única iniciativa que EH Bildu ha lanzado en los últimos meses. Hace unas semanas, la coalición soberanista propuso incrementar en 60.000 la oferta de vivienda en Euskadi en un plazo de diez años, una medida con la que pretende frenar la crisis habitacional que afecta a miles de familias vascas.

Esa propuesta, como la actual, busca dar una respuesta a un problema que el propio Gobierno vasco reconoce como urgente, pero que requiere de la colaboración de todas las instituciones y partidos para ser abordado con eficacia.

Desde la oposición se insiste en que es necesario poner en marcha medidas cuanto antes, pero el Ejecutivo recuerda que cualquier medida debe ser realista y viable, y que de nada sirve proponer algo que no tiene cabida legal.

Un debate que exige realismo y viabilidad

El cruce de propuestas entre el Gobierno y la oposición evidencia la complejidad de atajar el problema de la vivienda en Euskadi, uno de los territorios con los precios de alquiler más altos del Estado. La colaboración entre partidos e instituciones es considerada imprescindible para abordar la emergencia habitacional, pero también lo es que las medidas que se presenten sean ejecutables.

En este contexto, el Ejecutivo vasco ha reiterado su disposición a trabajar en soluciones que se ajusten a la legalidad vigente, mientras que EH Bildu mantiene su apuesta por iniciativas más ambiciosas, aunque de dudosa aplicación práctica.

El tiempo dirá si ambas partes logran acercar posturas o si, como ha ocurrido en otras ocasiones, el desacuerdo impide avances concretos en una materia que afecta directamente a la ciudadanía.